Revista: | Revista del CLAD Reforma y democracia |
Base de datos: | CLASE |
Número de sistema: | 000293140 |
ISSN: | 1315-2378 |
Autores: | Rose Ackerman, Susan1 |
Instituciones: | 1Yale University, Law School, New Haven, Connecticut. Estados Unidos de América |
Año: | 2009 |
Periodo: | Feb |
Número: | 43 |
Paginación: | 5-26 |
País: | Venezuela |
Idioma: | Español |
Tipo de documento: | Artículo |
Enfoque: | Analítico, crítico |
Resumen en español | La legislación administrativa está estrechamente relacionada con la política y con la elaboración de políticas. Sin embargo, los académicos del Derecho Administrativo parecen, a veces, estar alejados de la realidad económica y política, además de la realidad cotidiana de la administración pública. El proyecto actual de la autora intenta cubrir ese vacío y busca temas comunes en los cuales pueda desarrollarse una efectiva conversación entre las perspectivas de la Ciencia Política, la Administración Pública, la Economía y el Derecho Público. Este diálogo se centra especialmente en un tópico que es bastante amplio: la relación entre la elaboración de políticas públicas y el Derecho Administrativo. Las agencias públicas hacen algo más que implementar la ley en casos particulares; ellas también hacen políticas a través de normas y orientaciones generales. La agenda de la reforma del Estado en las democracias ya consolidadas incluye reformas al Derecho Administrativo, como un camino para afirmar la legitimidad democrática y la capacidad de los gobiernos de rendir cuentas. En la medida que la democracia se va consolidando en América Latina, y en cualquier parte, el Estado necesita crear instituciones de participación y vigilancia popular, instituciones que vayan más allá de las elecciones y de la vigilancia legislativa. El Derecho Administrativo requiere moverse desde la postura que coloca el foco de atención en la legalidad técnica de las acciones del Estado hacia los principios que permitan profundizar la rendición de cuentas en el ámbito de la elaboración de las políticas públicas. Poner el foco de atención en los derechos individuales contra un Estado avasallador no resulta suficiente para hacer frente a las afirmaciones del poder ejecutivo en la elaboración de las políticas o al control de entidades privadas que cumplen funciones públicas |
Resumen en inglés | Throughout most of the 20th century, government policy in Latin American countries was strongly oriented towards centralization. In the last quarter of the century, however, this model of centralization became less effective. Thus, public policy agendas, themselves increasingly public rather than simply governmental, began to include a number of decentralization initiatives. In consequence of the implementation of these reforms, there has been an enormous increase in the complexity of government activities at the federal, state and municipal level over the last two or three decades. This turn has generated, though, important challenges in terms of intergovernmental coordination. This article presents a brief review of some of the decentralization endeavors undertaken in four Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile and Mexico) in the last decades with particular emphasis in the current challenges involved in coordinating the actions in the social policy arena. As a result of the analysis, this work stresses on the point that central governments in Latin America, particularly those cases studied, have not managed to establish two fundamental elements to advance towards a more effective model of intergovernmental coordination: first of all, the transformation of their institutional and management capacities to establish new forms of soft regulation, and, secondly, the creation of professional networks among members of the diverse levels of government. At the end, this document mentions some challenges inherent in the move towards the establishment of a fully-coordinated multilevel model of government |
Disciplinas: | Administración y contaduría |
Palabras clave: | Administración pública, Derecho administrativo, Legitimidad, Poder Ejecutivo, Estado, Políticas públicas |
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