| Revista: | Revista del CLAD Reforma y democracia |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000379829 |
| ISSN: | 1315-2378 |
| Autores: | Carrillo Florez, Fernando Varela, David Fernando |
| Año: | 2013 |
| Periodo: | Jun |
| Número: | 56 |
| Paginación: | 123-176 |
| País: | Venezuela |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | La litigiosidad desbordada contra el Estado, las limitaciones para la defensa de sus intereses en litigio y su fracaso reiterado en procesos judiciales no solo ha obligado a las entidades públicas en Colombia a asignar recursos cuantiosos para el pago de sentencias y conciliaciones, en detrimento de recursos para inversión social, sino que las ha distraído del cumplimiento de su mandato misional al servicio de los ciudadanos. A medida que aumenta el volumen de las reclamaciones y su costo fiscal, las entidades públicas se sensibilizan sobre los altos riesgos asociados a cualquier proceder que no se ajuste rigurosamente a los parámetros de responsabilidad estatal establecidos en la Constitución de 1991. La incipiente evidencia empírica demuestra además que el problema se agrava por las debilidades en el manejo de los casos de responsabilidad del Estado por parte de sus abogados, ya fuera debido a la falta de participación en el debate probatorio dentro del proceso, por la ausencia generalizada de alegatos de conclusión, y hasta de recursos de apelación frente a decisiones adoptadas en contra del Estado, o por la falta de sustentación adecuada de las apelaciones. En muchos casos, los abogados las interponen como formalidad para evitar posibles investigaciones disciplinarias, pero no impulsan el recurso con las herramientas adecuadas para asegurar un resultado exitoso. Con base en experiencias internacionales y esfuerzos locales de más de 10 años, Colombia ha comenzado a desarrollar una política pública de defensa jurídica con la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), conforme a un modelo híbrido entre las alternativas de concentración y desconcentración de la función, que resulta acorde a la realidad de un Estado unitario, pero descentralizado por servicios y territorialmente. Sin embargo, la agenda pendiente es inmensa, pues la Agencia todavía debe.. |
| Resumen en inglés | Unbridled litigation against the State, the constraints of State agencies to defend themselves in court, and repeated failures in judicial processes has forced the Government of Colombia not only to allocate substantial resources for the payment of judgments and settlements, at the expense of resources for social investment, but that has also distracted public agencies from fulfilling their core mandates at the service of the citizenry. As the volume of claims and their fiscal cost increased, public entities became aware of the high risks associated with any action that does not conform strictly to the parameters of the Constitutional clause of State liability. Emerging empirical evidence also shows that the problem is compounded by weaknesses in handling cases of State liability by State lawyers, either because of the lack of an active role in the evidentiary debate, the widespread absence of closing arguments, and even appeals against decisions contrary to State interest, or the lack of adequate support for such appeals. In many cases, lawyers appealed only as a formality to avoid disciplinary investigations, but did not leverage the remedy with the right litigation tools to ensure a successful outcome.. |
| Disciplinas: | Ciencia política |
| Palabras clave: | Gobierno, Colombia, Estado, Defensa jurídica, Responsabilidad, Protección legal, Procuraduría Agraria, Políticas públicas, Sistema jurídico |
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